Aunque harán falta muchas estrategias para acabar definitivamente con la epidemia de SIDA, una cosa está clara: será imposible terminar con la epidemia sin proporcionar el tratamiento del VIH a todos aquellos que lo necesiten. La única manera de lograr este ambicioso objetivo es mediante una estrategia basada en los derechos humanos, el respeto mutuo y la inclusión. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la estrategia 90-90-90: Esto es, que en 2020 el 90% de las personas que viven con el VIH conozcan su estado serológico respecto al VIH, el 90% de las personas diagnosticadas con el VIH reciban terapia antirretrovírica continuada y que el 90% de las personas que reciben TARV tengan supresión viral[1]. Según datos nacionales en 2017 el 82% de la población española con VIH estaba diagnosticada, el 92% ya recibían tratamiento y la supresión viral se encontraba en el 88% de los casos[2]. En este sentido, los índices de acceso al tratamiento y supresión viral son sorprendentes y alentadores en nuestro país. Sin embargo, todavía está por debajo de los objetivos marcados y ONUSIDA pone de manifiesto las formas en las que muchos grupos de población se están quedando atrás. Al estar expuestas a un riesgo y una vulnerabilidad desproporcionados, las poblaciones clave exigen una respuesta prioritaria basada en los derechos humanos.
Para aumentar significativamente el número de personas con VIH que conocen su estado serológico, será necesario ir más allá del enfoque pasivo de las pruebas del VIH e intensificar los esfuerzos para asegurar una retención en la atención a largo plazo de aquellos que comienzan el tratamiento del VIH. De acuerdo con un enfoque de cascada, el tercer objetivo precisa de un uso continuo del tratamiento del VIH y de monitorización virológica regular para verificar el éxito del tratamiento, así como para volver a incluir a aquellos que han quedado fuera de la atención. La puesta en práctica del tercer componente del nuevo objetivo de tratamiento requerirá esfuerzos conjuntos para mejorar el acceso a las tecnologías necesarias en las pruebas de carga viral. Para alcanzar el objetivo 90-90-90, toda persona que comience el tratamiento del VIH deberá tener acceso a pruebas de carga viral. Monitorizar la carga viral es imprescindible para optimizar el tratamiento del VIH, por lo que todas las personas que viven con el VIH tienen derecho a conocer sus valores de carga viral.